martes, 20 de febrero de 2018

¿Comisión de qué?
Por: Carlos E. Torres

Este debate tuvo lugar en junio de 2014. Hoy ha vuelto a tomar vigencia. Comparto.

Hace algunos días sostuve un debate vía Twitter con el Senador del PAN por Jalisco José María Martínez Martínez, por sus declaraciones en la instalación de la Comisión de familia y del Desarrollo Humano.

El tuit que desató la discusión fue éste:

@CarlosETorres_: “Y entonces aparece @EverardoPadilla defendiendo a @ChemaMtzMtz ah y si dicen algo ¡Ustedes son los intolerantes! ¿WTF?”

A lo que el Senador Respondió:

@ChemaMtzMtz@CarlosETorres_ @EverardoPadilla lo distintos que pensamos diferente a usted que les propone ? (Sic)

Aquí el resto del debate en el que omitiré los usuarios que luego se involucraron en el debate para facilitar la lectura:

@CarlosETorres_: Puede pensar diferente, pero en su caso Senador es su obligación PROMOVER, PROTEGER, RESPETAR y GARANTIZAR los DDHH (Art. 1)

@ChemaMtzMtz: Los distintos para ustedes que DH tenemos ? (Sic)

@CarlosETorres_: No se haga víctima, no vulgaricemos esto. Es por los DDHH de todos (principio de universalidad)

@ChemaMtzMtz: exacto. Entonces respétenlos

@CarlosETorres_: ¡Respételos usted Senador! Cumpla con su OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL ¿Debo pedírselo por favor?

@ChemaMtzMtz: Podría también buscar garantizar el de los que piensan como yo. ? (Sic –otra vez, así escribe el  Senador)

@CarlosETorres_: ¿De verdad no conoce ni los principios de los DDHH y pretende legislar sobre Desarrollo Humano? Principio de Interdependencia.

@ChemaMtzMtz: Reitero puedo trabajar por los derechos de los que piensa diferente a ti? (Ajá, sic)

@CarlosETorres_ Le reitero: lea sobre el principio de interdependencia, si no lo hace perdemos el tiempo, no me entiende Senador

Aquí me dejó de contestar, y culminó el debate de su parte.

El debate es, en términos técnicos, risible. Si el Senador conociera cuándo menos los principios básicos del Estado de Derecho moderno, entendería los principios a los que hice alusión, y que el vulnera en sus posiciones en torno a los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución.

Debería saber que el principio de universalidad, en pocas palabras significa que TODOS tenemos los mismos derechos, sin importar condición, raza, orientación de cualquier tipo y demás características que nos hacen diferentes, pero no por ello desiguales.

Es su deber entender que el principio de interdependencia, significa que al violentar uno sólo de los Derechos Humanos, se vulneran a todos, pues pierden valor los unos sin los otros (Ejemplo, si no se tiene derecho a la libertad ¿Qué sentido tiene que se tenga derecho a la educación?)

También podría entender el Senador que los Derechos Humanos se sustraen de las decisiones de la mayoría, puesto que éstos le pertenecen al individuo con independencia del conjunto social y del Estado mismo, son invulnerables e innegociables, por la sencilla razón que, citando a Luigi Ferrajoli, la mayoría no concede la razón. Si no fuera así, mañana cualquier mayoría podría aplastar a cualquier minoría.

Me permitiré una exageración para ilustrar: estos principios nos separan de países totalitaristas, como en los que se apedrea hasta morir a las mujeres que son descubiertas cometiendo adulterio, norma que está sustentada en la aprobación de la mayoría e inspirada por el Islam.

Calificó a las familias no tradicionales como “modas y tendencias”, regañó a la Suprema Corte y al Distrito Federal por permitirlas, pero tomo esta sencilla declaración:

“Este modelo de familia sin que ello nos signifique a todos los mexicanos”. Apunto: el Senador no nos significa a todos los mexicanos, ni su partido, luego entonces ¿Por eso podemos desconocerlos? ¿En qué democracia, en qué Estado de Derecho –no de derecha ¿eh?- un modelo de institución –sea cual sea- “significa” a la totalidad? ¿Entenderá el Senador que su aspiración, partiendo de la pregunta anterior tiende a lo que conocemos como totalitarismo? Sí, justamente lograr un modelo, posición ideológica y visión de país y sociedad única, que “nos signifique a todos”.

Aspira el Legislador panista a retornar a la edad media oscurantista, y debe quedarle claro: no se lo vamos a permitir, si su partido lo sostiene, allá ellos y su propuesta política a la ciudadanía, a la sociedad mexicana mucho le ha costado llegar a dónde estamos, como para retornar a la primera etapa de la conquista. Melancólico de la inquisición nos resultó ser este señor.

Luego, en una entrevista que concedió al entrevistador Carlos Puig en Milenio TV[1] hizo otras declaraciones no menos “propias” de su discurso:

“Yo respeto a los homosexuales y a las mujeres”. No pues… ¿Gracias? Quizá se le hizo bolas el engrudo (pienso tratando de justificarlo porque son muchas en pocos días), también hay mujeres homosexuales, y pues ahí ya no entendí de dónde surgió su expresión sexista.

“La familia es este ecosistema”… ¿quién le impartió Biología?

Entre los mensajes (no declaraciones textuales, recomiendo ver la entrevista) que le arrancó el entrevistador al Legislador están los siguientes:

Es convicción del PAN: las mujeres que abortan voluntariamente son asesinas. Sin comentarios.

A un niño educado por dos hombres o dos mujeres se le vulnera su identidad de género. Aquí Si me permito estos apuntes: ¿Sabrá el Senador que en regiones con alto nivel de migración muchos de los niños son formados por su madre, abuela y tías? ¿Habrá escuchado del matriarcado, modelo de familia muy común en la tradición mexicana? Sí eso es violatorio de los derechos humanos de un infante desde su perspectiva, hay que decirle: lo violatorio es que ése niño  no pueda gozar de la figura de uno de sus padres por razones económicas y de supervivencia, condiciones de pobreza y desempleo que aumentaron en los dos gobiernos de ése partido que, según el Senador, cataloga a las mujeres que abortan voluntariamente asesinas: el PAN.

Finalmente:

Quién sabe de dónde habrán sacado los Senadores la facultad para Legislar sobre la Familia y qué entienden por familia, y sobre desarrollo humano y qué entiende por este último concepto.

Que lamentable que el Senado, el que debería ser el cuerpo político más ilustrado de un país haya caído en ese nivel: que uno de sus integrantes, al que han confiado encabezar ésta cruzada legislativa por la familia y el desarrollo humano, no entienda siquiera el primer artículo de la Constitución, nada más y nada menos que la Ley Fundamental del país al que sirve, y a la que juró “guardar y hacer guardar”.

No entiende el panista éste de Derechos Humanos… defiende ideas vagas y anacrónicas de lo que él cree que son éstos… no ha cuidado sus palabras, sus respuestas, ni sus posiciones. No ha ofendido a la comunidad homosexual, ha ofendido a la ciudadanía con su ignorancia de lo que tiene el encargo de cumplir y hacer cumplir ¿Cómo cumple y hace cumplir algo que no conoce? Por congruencia el Senador, debería cuando menos pedir licencia, tomar un curso rápido de Derecho Constitucional, y luego… bueno, sí quiere que se quede dónde ande.


jueves, 21 de septiembre de 2017

Nos llamamos México.

Nos llamamos México.
Por: Carlos Eduardo Torres Muñoz.

Es inevitable no sumarse a la narrativa que nos arrastra entre la desgracia, la consternación, la esperanza y la solidaridad. Tanta distancia hay entre estos términos como la grandeza de nuestra patria en su elemento más importante: su gente, el elemento vivo, activo, de carne y hueso. La fatídica fortuna, que puso como fecha de prueba el 19 de septiembre se ha llevado la más grande sorpresa. A ese pueblo que se le sojuzga a cada rato por unos cuantos mezquinos que ocupan el centro de la agenda, le ha dado la oportunidad de mostrar su verdadero rostro: el de una mayoría buena, dispuesta a unir sus brazos y fuerzas con sus vecinos, amigos e incluso desconocidos, para salvarse a sí mismo en el otro.

Hay cientos, miles quizá de historias heroicas en los días que han pasado: desde la pequeña que rompe su alcancía para donar, hasta los ancianos que han hecho de voluntad energía, pasando por las imágenes de miles de jóvenes, que le han dicho a la historia: aquí estamos, nada volverá a ser igual.

Del terremoto de hace treinta y dos años nació no sólo la experiencia, sino la democracia misma. Muchos olvidan, en la narrativa de la transición democrática, que fue justo entre los escombros de aquél 19 de septiembre de 1985 que el mexicano se descubrió ciudadano entre ciudadanos. A partir de ahí la organización de la sociedad, que apenas asomaba antes, se volvió una práctica común para los habitantes de la Ciudad capital, lo que a la larga le provocó convertirse en la latitud más progresista, liberal y democrática del país. Enrique Krauze lo llamó: el bautizo cívico; Carlos Monsiváis lo describiría así: “(…) fue la conversión de un pueblo en gobierno y el desorden oficial en orden civil. Democracia puede ser también, la importancia súbita de cada persona.”

Antes de que cualquier institución pudiera reaccionar, ya estaba ahí la sociedad, la más grande de todas las instituciones, más coordinada, más entregada, con mejor noción del significado romántico de la política: el bien común. Ahí, entre el asombro, la desesperación y la desgracia, miles de mexicanos comunes entre ellos, pero extraordinarios como lo son, se volvían uno solo y transformaban el ambiente en esperanza, solidaridad y fortaleza común. 

No sé, desconozco pero dudo, que exista otro pueblo igual. Que los desastres tengan que ver como su legado pasa a ser marginado en las páginas de la historia, por sus víctimas que pronto hacen de su conducta y reacción, la verdadera historia, el legado permanente de transformación. La destrucción está ahí, pero más pronto que tarde reconstruiremos, lo que en cambio difícilmente se perderá, serán las experiencias, las alegrías de saberse parte de la salvación de una vida, el arranque a la solidaridad, la voluntad pura de ayudar, el llanto compartido y también, claro: el sentido de tomar el poder y ser el poder mismo.

Nos queda ocuparnos de los otros estados afectados, de nuestros hermanos de Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guerrero. No hemos terminado: apenas estamos empezando, pero a la historia, a la fortuna, a la desgracia y al mundo, pero también a nuestra clase política y gobernante: debe quedarles claro cada que nos volteen a ver: nos llamamos México, y eso es, lo demostramos otra vez, símbolo de fortaleza en nuestra solidaridad y hermanamiento, nunca nos volverán a vencer.  Esta vez no temo equivocarme.

@CarlosETorres_



lunes, 13 de febrero de 2017

Democracia. Gobernanza. Rendición de cuentas.

Democratización, rendición de cuentas y gobernanza

 Primera parte 
(Publicado por La Jornada Zacatecas, en su versión impresa del día 27 de julio de 2016. http://ljz.mx/2016/07/27/democratizacion-rendicion-cuentas-gobernanza/)

El país ha logrado dar un salto en materia de combate a la corrupción. Con el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, se ha dejado atrás la idea de una “Comisión anticorrupción” o un “Tribunal de cuentas”, ambos, órganos insuficientes para responder a un fenómeno sistémico y complejo como lo es éste.

Además de lo anterior, el proceso legislativo que dio origen a las Leyes que conformarán el sistema, atendió con inteligencia política la realidad innegable de un país que sigue democratizándose, si entendemos por democratización no sólo el hecho de contar con instituciones electorales sólidas, sino también con la innegable concientización de la sociedad sobre la importancia de su participación en democracia, ostentándose ya no sólo como “dueña original de la soberanía”, sino como un actor fundamental que propone, promueve, presiona, condiciona y controla a sus representantes y funcionarios.

Así en la discusión, análisis e incluso promulgación de las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción se ha podido constatar la importancia y fuerza de una sociedad civil que ha hecho suyo un tema que le toca abanderar sobre cualquier otra instancia política; dado que la rendición de cuentas es, más que un control político entre poderes u órganos del Estado, un ejercicio en que éstos deberán confrontar sus actos, con el ciudadano, ejerciendo éste así, un control directo de lo público, generando opinión y tendencia para lograr consecuencias, éstas sí, a través de las instituciones constitucionales correspondientes.

Como ha escrito Ackerman, se trata de un concepto expansivo de rendición de cuentas, que evidentemente contiene elementos de democracia, en ambos sentidos, como la institución fortalecida, pero también como la causa de esta dinámica de interacción política; a su vez implica un alto nivel de participación ciudadana.

Coincidamos en un punto: las diversas transiciones que inició nuestro país a finales del siglo pasado (política, económica, jurídica, social, demográfica, tecnológica, etc.), han traído como consecuencia la reconfiguración de un México distinto, con mexicanos con orígenes definidos en el pasado, pero con un presente de expectativas más informado (no significa “mejor informado”), mucho más crítico y sobre todo: más exigente; cada vez más social y cada día menos incrustado en el “laberinto de la soledad”, cada vez menos desconfiado y más articulado a su entorno.

No siempre les queda claro esto a nuestros políticos, quiénes apenas alcanzan a percibirlo en distintos momentos de este nuevo rostro del mexicano. La fuerza con la que incursionaron las organizaciones civiles que participaron en la redacción y promoción de la multicitada, iniciativa ciudadana “Ley tres de tres” (Ley General de Responsabilidades Administrativas), sentó a nuestros políticos frente a más de seiscientos treinta mil mexicanos hartos de la corrupción, pero sobre todo, de los mecanismos jurídicos que permiten la impunidad, sin que se divisara la voluntad política suficiente para cambiar de fondo la arquitectura institucional que la permitía.

Ahí ha despertado la posibilidad de una nueva transición: la cívica. La demostración de que el nivel de ciudadanía se está elevando, y con ello, inevitablemente la calidad de nuestra democracia. El elemento que durante la post-alternancia pareció ausente ha reaparecido, sólido, fortalecido, propositivo, dinámico y solidario: el ciudadano.

Durante el proceso de gestación de la transición democrática, fortalecimos a los partidos, como instituciones que permitirían la pluralidad política y con ella, la rendición de cuentas institucional, de manera tradicional. En el proceso, se supuso, la ciudadanía se fortalecería como consecuencia del debate y la confrontación democrática. Los partidos y sus agentes fueron capaces de pervertir esta posible bondad de la competencia electoral, a través del clientelismo.

Sin embargo hubo cotos (principalmente en la clase media), en los que dicha perversión no penetró patológicamente, evidenciándose hoy como la oportunidad para un nuevo proceso de democratización, a partir del concepto más acabado de una democracia liberal con participación social sustantiva: la rendición de cuentas en la lógica de la gobernanza; es decir: no sólo la rendición de cuentas interinstitucional (al interior del Estado y sus órganos), sino una rendición de cuentas democrática, con participación social permanente, como observadora y denunciante de lo incorrecto.

Aquí es donde podemos encontrar un triángulo inédito en nuestra historia: el proceso de democratización, evidenciado a través del ejercicio cívico-político de rendición de cuentas, ambos insertados en la dinámica de la gobernanza, con la participación de elementos no estatales (asociaciones civiles, iniciativa privada, organizaciones sociales, instituciones académicas).


Segunda parte (Publicado por La Jornada Zacatecas, en su versión impresa del día 3 de agosto de 2016 http://ljz.mx/2016/08/03/democratizacion-rendicion-cuentas-gobernanza-2/)

El proceso de democratización en México ha tenido varias etapas: primero fue la liberalización, o apertura, del régimen, lo que devino en nuevos derechos y posibilidades de participación política, expresadas, principalmente, en el ámbito electoral; luego la ampliación de la representatividad plural, junto a un activismo creciente de sectores que habían estado ajenos a los procesos de esta naturaleza, hasta llegar a los gobiernos divididos y las alternancias (locales y nacionales), pasando en todos estos años por lo que Mauricio Merino ha denominado la “Segunda transición”, en la que se ha construido, con una intensa participación ciudadana, un sistema, más o menos “completo, articulado y coherente de rendición de cuentas”.

Como bien lo expresa el autor citado: “luego del exitoso esfuerzo que emprendió en la última década del siglo pasado para construir un nuevo sistema electoral que le permitió transitar de manera pacífica de un régimen de partido prácticamente único a una democracia pluralista, la agenda pública comenzó a enfocarse en la crítica hacia las formas tradicionales de ejercer la autoridad ganada en las urnas.” O sea, en la rendición de cuentas.

Pero habrá que aclarar que este esfuerzo no estuvo, necesariamente en todo momento, impulsado por la clase política, pues una vez que el acceso al poder y la representatividad se pluralizó, también lo hizo la comodidad con la que muchos decidieron ejercer el poder, amparados por la falta de mecanismos para ser llamados a rendir cuentas y a responder de sus actos, decisiones y omisiones.
En esta “segunda transición”, la construcción de una arquitectura institucional que permita a los ciudadanos exigir argumentos, explicaciones y resultados a sus gobiernos, ha sido más bien una tarea emprendida desde la academia y la sociedad civil, a la que los partidos políticos han ido accediendo por la presión que se ha ejercido sobre ellos.

Todo lo anterior se ha logrado gracias a una transición cierta, evidente e innegable, de una sociedad ajena al activismo civil, a una que cada día delibera y actúa más. No es posible decir que no sucedía antes, lo que es importante destacar es el proceso de madurez que han tenido estos esfuerzos, lo que se manifiesta en la articulación de causas y el diseño de estrategias exitosas que permiten a los conglomerados ciudadanos imponer agenda sobre sus representantes.

María Amparo Casar (Los sonidos del silencio. Nexos, 456), lo escribe atinadamente: “Con todas sus insuficiencias la sociedad hoy habla, grita, debate y se manifiesta. Lo hace en las calles, en la prensa, en la radio y la TV, en la redes, en los desplegados, en los libros, en los coloquios, en los reportes de los think tanks y en cuanto foro público se inventa”.

Como resulta evidente la sociedad mexicana ha ido asimilando los cambios políticos y constitucionales a su favor, y sobre todo, como instrumentos de participación que han resultado efectivos, si atendemos a los fenómenos recientes de influencia social sobre las decisiones gubernamentales, logrando incidir en el diseño, implementación e incluso en la evaluación de las políticas públicas, las acciones y determinaciones de los tres poderes tradicionales, así como de los órganos del Estado que han sido creados justamente en razón de lograr una rendición de cuentas horizontal (según la teoría de O’Donnell).

Ya no solo resulta lógico y casi un hecho inherente, que al Poder Ejecutivo se le pida apertura, transparencia y explicaciones sobre sus decisiones, cada día más se impone esta dinámica al Poder Legislativo y al Poder Judicial, y hay que apuntar que a ambos les falta aún mucho por aprender al respecto, pero los avances parecen ciertos.

Pero aún nos falta camino por recorrer. Aún sigue siendo un sector minoritario el que se ha formado, el que es distinto al que, hace más de cuarenta años señaló Arnaldo Córdova (La formación del poder político en México): “… las masas populares no se han reeducado políticamente, no se han modernizado, en ellas sigue dándose el culto más empedernido y más desenfrenado a la autoridad del poder”. Justo es decir que mientras que las desigualdades y principalmente de carencias, convivan con la democracia electoral, no habrá más civismo que el de los que pueden darse el lujo de atender a la política, sin dejar de atender sus necesidades más básicas.

Tercera parte (Publicado en La Jornada Zacatecas, en su versión impresa del día 10 de Agosto de 2016. http://ljz.mx/2016/08/10/democratizacion-rendicion-cuentas-gobernanza-3/)

El argumento de este texto se basa en la articulación de los tres conceptos que le dan título. Supone que una adecuada combinación de los elementos de democratización (especialmente, activismo y concientización ciudadana), rendición de cuentas (haciendo énfasis en el ejercicio de responder por los actos, omisiones y decisiones de toda autoridad) y gobernanza (considerando las ventajas de la participación de los sectores público, privado y social), pueden no sólo llevarnos a nuevas dinámicas institucionales, sino también sociales e incluso, considerando las ventajas de las mismas, a mejores niveles de bienestar general.

No es novedoso decir que la democracia tal y como la imaginamos cuando el país se cimbró rumbo a su consolidación ha resultado decepcionante. Este mismo riesgo corre hoy el término “anticorrupción” y “transparencia”, pues sin su adecuada articulación con otros elementos inherentes a la rendición de cuentas y a los del concepto de democracia sustancial, éstas terminarán siendo quimeras de moda y desilusiones en la historia.

Hay que otorgarle su justa dimensión a cada uno de estos conceptos. En cuanto a la democratización, se puede coincidir plenamente con Octavio Paz (Respuestas a diez preguntas, en El ogro filantrópico): “La democratización, me apresuro a decirlo, no significa la solución automática de los problemas de México pero es la vía, la única vía, para que aparezcan a la superficie esos problemas. Los problemas y, sobre todo, las soluciones, las posibles soluciones. Nuestros problemas son graves. El mayor es la disparidad entre el México desarrollado y el México marginal”.

Lo que sí podíamos esperar de la democratización en México, es lo que poco a poco aparece: pluralidad, politización, debate, de pronto polarización y la exposición de problemas que parecíamos ignorar. El objetivo final es que la democracia nos sirva como método de abatimiento de los tres problemas más graves que México enfrenta: el ya mencionado fenómeno de la desigualdad, cada día más evidenciado e identificado; el de la apropiación plena de una cultura pro derechos humanos, no sólo en las autoridades (quiénes sin duda deberán encabezar esta conciencia), sino también de la sociedad en general; y finalmente, el de la corrupción, que mucho contribuye a complicarnos los otros dos.

Podemos decir que la democratización está vigente y que incluso poco a poco, como todas las conquistas perdurables y los logros sólidos, hemos ido abandonando la clasificación de “democracia delegativa”, utilizada por Guillermo O’Donnell, para identificar aquellas “democracias” en las que el Poder Ejecutivo pareciera entender la delegación del poder que se le hace mediante elección para todo, y paralelamente se niega a la “responsabilidad horizontal”, es decir, a la creación de instituciones y mecanismos que permitan al propio Estado llamar a cuentas a algunos de sus órganos, por otros. Hoy en determinados temas existe esta posibilidad, el más concreto quizá sea el del papel que juega la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sí logramos el éxito del Sistema Nacional Anticorrupción, será éste el conjunto institucional emblemático de dicha lógica.

Ahora bien, estos elementos deben consolidarse en la posibilidad de que la deliberación pública se vuelva una costumbre inevitable de cualquier servidor público (léase en la definición que de éstos hace la Constitución Política, y que abarca a los tres poderes y organismos autónomos), para que se argumente, expliquen y comuniquen con sensibilidad y eficacia cada acción, omisión, decisión o política pública, con el cuestionamiento, retroalimentación y participación del sector social y el privado.

Esta estrategia significará, en su práctica, una oportunidad para el fortalecimiento de la democracia, la recuperación de la confianza y credibilidad de la política, la legitimidad del régimen y el prestigio de la actividad pública.

Por eso, no basta con la democratización, ni la rendición de cuentas o la implementación de la lógica de gobernanza, si no están articuladas y se fortalecen bondadosamente unas con otras.

Éste es un apunte más que busca enfrentar lo que Carlo Galli ha llamado “el malestar de la democracia”, porque, éste solo podrá solucionarse con la participación de todos, pero sobre todo, asumiendo la responsabilidad de todos (comenzando claro por la clase política).

En México, la transformación institucional, social y cultural, puede otorgarnos, irónica pero positivamente, la oportunidad de implementar una solución que nos lleve al uso de estos tres elementos con inteligencia social y política.
Por cierto, no es, volviendo a Paz, “complicando el debate, por la perpetua oscilación entre la gritería y el monólogo”, como nos encaminaremos a ello.

Cuarta parte (Publicado en La Jornada Zacatecas en su versión impresa del día 18 de agosto de 2016 http://ljz.mx/2016/08/18/democratizacion-rendicion-cuentas-gobernanza-cuarta-parte/).

Parece haber un consenso actual en torno a la idea de que, frente a los complejos problemas de nuestras sociedades modernas, el gobierno no es suficiente. No basta su intervención y estrategias, sí son solitarias y no articuladas con otros actores en creciente importancia, como lo son la sociedad civil, preferiblemente la organizada, los grupos empresariales, o sea la iniciativa privada y las organizaciones sociales.

En ello cada día se empatan más, la tarea de gobierno y la tarea democrática. Para que los gobiernos emanados de procesos democráticos, continúen siéndolo luego de ejercer el poder y fortalezcan a este régimen liberal, se requiere la constante participación cívica. Carlos Rodríguez Estacio, en un artículo reciente en el diario español El País, lo explica así: “El régimen democrático no es sólo el más complejo, es también el más arriesgado. No basta con que exista sufragio universal o el entramado jurídico-político característico de la democracia: es necesario que los ciudadanos dispongan de un bagaje exigente y específico”.

Sí aceptamos que la articulación necesaria y cada vez más evidente entre los conceptos de democratización, rendición de cuentas y gobernanza, en el que el primero es elemento base para que la segunda se ejerza a plenitud y cumpla con sus objetivos, al tiempo que la tercera es una dinámica actual, sin la que las otras dos no se entienden completas, ni alcanzan a ser solución, sino acaso y mecanismos inconexos que profundizan la crisis de legitimidad y credibilidad, de los gobiernos democráticos, y con ellos, la democracia misma.

Citando a Luis F. Aguilar (en Gobernanza, el nuevo proceso de gobernar): “Una consecuencia no querida de la democratización ha sido el debilitamiento de la capacidad directiva de los gobiernos democráticos, tal como lo demuestra el descontento respecto del desempeño económico y social de las democracias…”

Esto se explica, no sólo por los resultados, sino también por la ausencia de comunicación efectiva, de la implementación de democracia deliberativa, ambas partes inherentes de un ejercicio completo de rendición de cuentas, que a su vez, contribuya a la formación ciudadana, su interés y participación en el debate de lo público, y culmine en la corresponsabilidad de distintos sectores más allá del gobierno y sus actores institucionales.

Tampoco basta con la especialización de las áreas dentro del gobierno, y la creación de organismos autónomos o análogos. Como lo expone el propio Aguilar: “la presencia de numerosos actores con diferentes ideas, intereses y recursos en las acciones de gobierno no incrementa de suyo la eficacia directiva si no hay coordinación y cooperación y éstas son inestables, parciales y previsibles”.

El enfoque, tiene que ir entonces en otra dirección que no retorne sin fin al propio gobierno y su aparato. Cada vez se requiere más de la capacidad para salir de este círculo e ir en búsqueda de los elementos ausentes. No sólo en la formulación de propuestas, estrategias o políticas públicas, como se ha hecho antes, sino en su propia implementación, evaluación y rediseño.

Dadas las condiciones en nuestro país y su sociedad, no solo la capacidad de los funcionarios públicos es suficiente, se requiere de creatividad y empeño en innovar el proceso mismo de cogobernar, para hacerlo confiable, interesante, transparente y eficaz. La gobernanza solo se logrará con un impulso de quién ostenta el poder para hacer partícipes de la decisión a los que no, con toda transparencia, franqueza y disciplina. Si bien, en la etapa inicial será complejo, los resultados, como en todo proceso de interacción, revelará fortalezas y áreas de oportunidad, información que será de utilidad para un proceso constante de mejora y coparticipación responsable.

Hay que entender que tanto democratización, como rendición de cuentas y gobernanza, forman parte de una lógica común: la participación hace posible la democracia y la transparencia, la rendición de cuentas efectiva y la gobernanza, sí incentivamos a la ciudadanía a ser el eje de todos ellos, el gobierno verá fortalecida su figura, su reputación y confianza, lo que a la larga le permitirá ejercer con altos grados de legitimidad la conducción de la sociedad.

Quinta parte (Publicado en La Jornada Zacatecas, en su versión impresa del día 24 de agosto de 2016- http://ljz.mx/2016/08/24/democratizacion-rendicion-cuentas-gobernanza-5/)

Si bien, durante y luego del proceso de transición a la democracia, se consideró como un efecto positivo de la democratización, la participación ciudadana en los procesos electorales, su interés e involucramiento en la defensa del voto, así como la expresión de sus simpatías o rechazos al momento de ejercer su derecho político al sufragio, hoy esto no es suficiente, y parece ya una participación limitada, con la cual no basta.

Es la intervención permanente de los actores no estatales la que permitirá la diferencia. En este sentido la gobernanza es un concepto oportuno para desarrollar una dinámica que permita mantener al Estado la tarea de gobernar, y a la iniciativa privada y sector social, participar en este proceso sin asumir responsabilidades ni un papel que no le corresponde, y que al contrario, las desvirtuarían.

Un papel que no desvirtuaría el rol que juega la ciudadanía (sea iniciativa privada u organización social), es la de ser el motor y centro del diseño, la implementación, evaluación y rencauzamiento de las políticas públicas. Coincidamos: uno de los principales problemas que encontramos en éstas es su temporalidad ligada a los períodos de los gobiernos que las proponen. No hay pues, políticas públicas de Estado, sino solo políticas públicas de gobierno. Esto se explica porque los actores políticos que encabezan las administraciones se van o juegan papeles de diverso peso político entre uno y otro período de gobierno ¿Qué es lo constante? La sociedad. Los políticos (funcionarios), pueden ser sustituidos de un día a otro, dependiendo de una especie de “fortuna” o “suerte” (para darle términos simples y llanos), pero la sociedad, como ente colectivo permanece. Luego entonces, es ahí el centro que deberían tener nuestras políticas públicas con la finalidad de que no estén limitadas a períodos, sino a resultados.

Cito a Eugenio Lahera Parada, en Introducción a las Políticas Públicas: “En algunos análisis el Estado aparece como el responsable de determinar por sí solo las políticas a seguir y debería ser también su único ejecutor. Para cumplirlas solo podría utilizar los métodos tradicionales ya conocidos en el pasado y la única evaluación posible serían las elecciones. Esta visión es consistente con algunos supuestos sobre el gobierno como entidad con unidad de propósito, con la mayor cantidad de instrumentos posibles, una habilidad perfecta para comprometer acciones y recursos y una clara función-objetivo: la maximización del bien público. Estos supuestos son irreales. (…) las políticas públicas se caracterizan por la diversidad de agentes y recursos que intervienen en su cumplimiento. (…) los medios con los que el sector público cumple sus objetivos, han variado.”

La visión que pone en el centro de las políticas públicas al Estado, a través de cualquiera de sus órganos parece no estar dando los frutos que esperábamos. Por eso, habría que encontrar las fórmulas que nos permitan insertar, con independencia real y autonomía, a la sociedad civil.

Volviendo a Luis F. Aguilar (Gobernanza: el nuevo proceso de Gobernar), “el gobierno es un agente de dirección necesario, pero insuficiente”. Se requiere sí de él, su profesionalización y su organización sistemática, pero los fenómenos y problemáticas sociales hoy, lo han superado con todo y que pueda ser eficiente y eficaz.

No solo eso, el contexto le ha mermado legitimidad y lo ha puesto a prueba en su forma más bondadosa: la del gobierno democrático. Pero con la creatividad y visión necesaria, ésta puede ser más una oportunidad que el anuncio de una desgracia.

Volviendo a Lahera Parada: “La comunidad en la que se encuentra el origen de poder democrático, legítimamente busca ejercerlo también en este terreno; las personas se interesan y participan en la solución de sus inquietudes (…) De ese modo, el gobierno, sin menoscabo de sus funciones de regulación, control y evaluación, puede utilizar mejor la capacidad de gobernar, que es un bien escaso y liberar recursos para concentrarlos en sus tareas principales. La integración de los esfuerzos estatales y privados para servir algún fin público (…) lleva a resultados superiores, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo, ya que permite aumentar la participación y la transparencia”.

Cierro estas reflexiones citando a Aguilar: “(…) la gobernanza es un concepto post gubernamental más que antigubernamental de gobernar y quiere significar un nuevo proceso directivo, en tanto la definición y efectuación de los objetivos sociales es resultado de un nuevo tipo de relación entre gobierno y sociedad, que no es dominado por gobierno y que, por ello, tampoco puede ser en modo de mando y control, dada la independencia política de los actores sociales y su fuerza relativa en virtud de los recursos que poseen y de los que el gobierno carece”.

Ha llegado pues, el momento de replantearnos nuestras metas institucionales y sociales. Ni las posturas anti-gobierno, ni las posturas pro-gobierno, son suficientes. El justo medio está ahí y promete mejores resultados.




sábado, 11 de febrero de 2017

Democracia-Constitucionalismo.

Límites a la tiranía de las mayorías
Por Carlos E. Torres Muñoz



Quizá con el término democracia nos pasó lo que dice Russell, que los hombres que se han acostumbrado a oír una palabra determinada con cierta emoción durante mucho tiempo, propenden a sentir la misma emoción cuando oyen esa misma palabra, aunque su significado haya cambiado. Hay que aceptar que le hemos dado un uso sobreestimado a la colectivización de las decisiones, sin que ello represente necesariamente ventajas a las propias mayorías, menos aún a las minorías que se sujetan a las designaciones de aquellas.
Motiva escribir al respecto por dos asuntos que están íntimamente relacionados ahora con el concepto de democracia adjetiva y sus distintas fórmulas prácticas: el primero, del contexto internacional, es el referéndum cuyo resultado ha dado pie a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocido como Brexit; el segundo, la propuesta hecha por el Presidente de la República sobre la constitucionalización del matrimonio igualitario, que algunos han llegado a proponer, se someta a consideración de la población en general, a través de consulta popular.
Hay un malentendido concepto de democracia que supone que ésta es el sometimiento de toda determinación y decisión al consentimiento u opinión de las mayorías. Esta interpretación es más un peligro para el régimen democrático que una herramienta de consolidación del mismo.
No es necesario abundar en los dos temas en cuanto a sus antecedentes, pero sí en cuanto a los peligros que refleja el absoluto sometimiento a la idea que supone que las mayorías tienen siempre la razón a la hora de tomar decisiones.
En el primer caso se trata de un abuso de la democracia por parte de la praxis política. El resultado ha sido una pésima decisión en casi todos los términos (sino es que en todos).  Lo cual ha significado una innecesaria prueba del abuso que pueden cometer las mayorías sobre las minorías (aunque en el caso particular se trate colectividades cercanas una de la otra en números y bastante bien definidas por cuestiones geográficas, culturales y hasta generacionales).
En el segundo existe una pretensión violatoria de los principios rectores de los derechos humanos, contenidos ya en el artículo primero constitucional en nuestro país, al someter a consideración de una mayoría, derechos inherentes a las personas, por el solo hecho de serlo.
En ambos casos, nos encontramos frente a una consecuencia por no fijarle límites a lo que Alexis de Tocqueville llamó la tiranía de las mayorías.
En su célebre La democracia en América, escribió el liberal francés: “cuando veo conceder el derecho y la facultad de hacerlo todo a un poder, cualquiera, llámese pueblo o rey, democracia o aristocracia, digo: aquí está el germen de la tiranía, y trato de ir a vivir bajo otras leyes”.
Le preocupaba a Tocqueville la concesión absoluta de la razón a cualquier colectividad superior en números. Escribió en la obra citada: “La mayoría tiene pues, en los Estados Unidos, un inmenso poder de hecho y un poder de opinión casi tan grande y, cuando ha decidido sobre una cuestión, no hay por decirlo así, obstáculos que puedan, no diré detener, sino aun retardar su marcha, dejándole tiempo de escuchar las quejas de aquellos que aplasta al pasar. Las consecuencias de este estado de cosas son funestas y peligrosas para el porvenir”.
Analizando la obra mencionada, Norberto Bobbio refirió: “La democracia en sus consecuencias extremas puede terminar por destruir al Estado Liberal”. Éste, el Estado Liberal, antecedente innegable del Estado de bienestar, de la democracia social o de la democracia constitucional.
Lo sucedido en el caso inglés, parece ser una referencia a otro párrafo de La democracia en América: “Hay gente que no ha temido decir que en un pueblo, en los objetos que no interesan sino a él mismo, no podía salirse enteramente de los límites de la justicia  la razón, y que así no se podía tener el temor de dar todo el poder a la mayoría que lo representa”.
La institución que significa la Unión Europea, en términos jurídicos, es un avance rumbo a un derecho supranacional, es decir, sí internacional pero más allá del clásico; que considere al orbe completo como una comunidad con problemas, valga la redundancia, comunes y que en consecuencia reglamente situaciones que, como dijo Ferrajoli, han dejado de ser asuntos clásicos de políticas internas de los Estados y han pasado a ser temas  de política internacional. En este sentido, la Unión Europea, representa (o representaba) un ensayo sensato de lo que este último autor denominó la esfera pública del mundo. ■




Hay un malentendido concepto de democracia, se ha confundido lo adjetivo por lo sustancial. Se parte de la idea que toda democracia implica la posibilidad de colectivizar las decisiones, hasta el punto incluso de volverla inútil por su instrumentación exageradamente popular; es decir: la utopía de la democracia participativa al nivel de volver inexistente la representativa, cuya expresión es quizá el único modelo aplicable a nuestras sociedades modernas, a riesgo de hacer de cada decisión mínima, cotidiana e institucional, un laberinto electoral. No sólo terminaríamos por abusar de la democracia, terminaríamos por volverla indeseable (de por sí ya sufre de una pérdida de prestigio y popularidad).

No se trata de cerrar las puertas a la democracia deliberativa, sino de encontrar dinámicas alternativas a la permanente consulta de todas las decisiones; incluso deberíamos apostar por los nuevos instrumentos que nos otorgan los medios electrónicos para, a través de estrategias como las de gobierno abierto, el uso de las herramientas que hoy nos otorgan los derechos de acceso a la información y el de transparencia, para deliberar oportunamente de las decisiones que se han de tomar en relación a la tarea de gobernar, legislar e incluso judicializar.

En este sentido, es de suma importancia reiterar lo importante que se vuelve hoy que los distintos poderes y órganos del Estado, así como los tres niveles de gobierno,  tengan la capacidad de comunicar, pero también de transparentar sus decisiones, argumentos, así como de defenderse de la crítica, con objetividad institucional y sobre todo, con pleno respeto a la pluralidad política, con un espíritu democrático, que respete a plenitud el derecho a la libertad de expresión de sus gobernados; este reto debe valorar la crítica como parte de la fórmula para lograr mejores resultados, y sobre todo: gobiernos eficaces, democráticos y populares (con la falta que ello hace).

Éste es el antecedente para abordar el tema principal de este texto: la intención infundada y violatoria de los principios de los derechos humanos (por ello, me atrevo a decir que resulta inconstitucional) de llevar a consulta la propuesta de reforma para constitucionalizar el matrimonio igualitario, del Presidente de la República.

Recordemos, en junio de 2011, nuestro sistema jurídico se reformó de manera sustancial e histórica, para albergar en nuestra Carta Magna, los principios de derechos humanos que hicieron de nuestro sistema político pasar de una democracia liberal al paradigma de la Democracia Constitucional (que abarca a aquél y lo supera).

Entre los fundamentos que supone este nuevo modelo, se encuentra la afortunada combinación de dos conceptos teóricos históricos: el de la democracia como sistema político y el de constitución, como centro del orden jurídico. Esto significa una amalgama positiva entre los principios de la democracia, pero también los del constitucionalismo: derechos humanos, así como la legalidad y legitimidad del poder y sus actos.

Siendo así que la democracia también debe responder a varios supuestos, entre los que se encuentra el respeto a las minorías, que por sí solas no podrían ganar una elección en la lógica de la mayoría relativa, y por ello, se verían aplastadas por la tiranía de las mayorías, si no existieran los límites que impone a éstas el constitucionalismo, a través del reconocimiento y protección de los derechos humanos, lo anterior como garantía misma de la democracia; es decir, para que la democracia no termine siendo eso, una tiranía dónde las mayorías aplastan a las minorías, lo deciden todo, sin límite alguno.

En términos de uno de los juristas más prestigiados en estos conceptos, Luigi Ferrajoli, se trata de lo que él llamó la esfera de lo indecidible, un conjunto mínimo de derechos que el Estado reconoce como propios de las personas, y en los que no puede intervenir ni él, ni ningún otro ente, pues le pertenecen a la esfera jurídica personalísima de los individuos.

En este sentido, suponer, proponer que se someta a consulta un derecho inherente a las personas, como lo es el del matrimonio, no solo resultaría en términos jurídicos, inconstitucional, sino plenamente violatorio del régimen político-jurídico que el Estado mexicano ha decidido imponerse a partir de 2011, y en pleno consentimiento a que las mayorías intervengan sobre un ámbito que la lógica nos permite coincidir en que no deberían hacerlo. ■



Las reglas del juego y la esfera de lo indecidible.
Hemos hablado ya sobre la importancia de no confundir la democracia con toda decisión o pretensión de ésta, de parte de las mayorías, por simple superioridad numérica en relación a las minorías, pues esta idea por sí misma es un peligro para el sistema democrático y su permanencia.

Michelangelo Bovero, (en Las reglas del juego democrático y sus biolanciones en el mundo actual) se pregunta “¿Es admisible el suicidio democrático de la democracia?” y más adelante se responde: “Uno de los riesgos más graves a los que hoy se enfrenta la democracia es precisamente el exceso de poder –la omnipotencia- de la mayoría. El exceso consiste precisamente en la violación de los que Bobbio llama ‘límites de aplicación’ de la regla de mayoría…”.

Las reglas del juego de Norberto Bobbio (En su Teoría Política) a que hace referencia Bovero, son las siguientes: “1) Todos los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad, sin distinción de raza, religión, condición económica, sexo, deben gozar de los derechos políticos, es decir, cada uno debe gozar del derecho de expresar su propia opinión de elegir quien la expresará por él; 2) El voto de todos los ciudadanos debe tener un peso igual; 3)Todos aquéllos que gozan de los derechos políticos deben ser libres de poder votar según su propia opinión formada en la manera más libre posible, es decir en una libre competencia entre grupos políticos organizados en competición entre sí; 4) Deben ser libres también en el sentido de que deben estar colocados en condiciones para escoger entre soluciones diversas, esto es, entre partidos que tengan programas diferentes y alternativos; 5) Tanto para las elecciones como para las decisiones colectivas debe valer la regla de la mayoría numérica, en el sentido de que se considere electo el candidato, o se considere válida la decisión, que obtiene el mayor número de votos; y 6) Ninguna decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos de la minoría, particularmente el derecho a convertirse, a su vez, en mayoría en igualdad de condiciones”.

Para el caso de nuestra discusión, es la sexta procedimental, que no se refiere al cómo se toman las decisiones, sino a qué decisiones se toman, es decir, al contenido de éstas últimas. Bovero considera a esta última como la regla una condición de salvaguardia o de supervivencia de la democracia. Hoy esta regla, derivada del desarrollo teórico sobre la misma, no solo se refiere a la democracia electoral, sino a la sustancial: a la que sostiene que para que ésta sea posible se requiere de un conjunto mínimo de derechos humanos garantizados, entre ellos, los sociales, civiles y políticos.

El también jurista italiano (como Bobbio y Bovero), multicitado en nuestros textos, Luigi Ferrajoli, ha también expresado su propia hipótesis referente a los límites que debe tener en el contenido de las decisiones que se tomen, la regla de las mayorías. A esto él le ha llamado la esfera de lo indecidible, que define en los siguientes términos: conjunto de principios que, en democracia, están sustraídos a la voluntad de las mayorías (…) designa no solamente el espacio o el territorio prohibido sino también lo que no puede dejar de ser decidido, o sea lo que debe ser decidido.”.

Sí los políticos de nuestra época pusieran atención a las teorías desarrolladas por estos estudiosos de la democracia moderna y los derechos humanos, seguramente tendríamos aventuras menos lamentables como las de suponer que llevar a consulta popular cualquier derecho humano fortalece a la democracia, cuando en realidad no solo la pone en peligro, la puede convertir, no en un sistema bondadoso, sino en una tiranía de las mayorías. Urge entender los límites  que deben tener  las pretensiones simplistas que, en un ignorante abuso del término, lo están pervirtiendo. ■

@CarlosETorres_


Este artículo fue publicado en tres partes por La Jornada Zacatecas, en su edición  impresa de los días 7, 13 y 20 de julio del 2016.