lunes, 13 de febrero de 2017

Democracia. Gobernanza. Rendición de cuentas.

Democratización, rendición de cuentas y gobernanza

 Primera parte 
(Publicado por La Jornada Zacatecas, en su versión impresa del día 27 de julio de 2016. http://ljz.mx/2016/07/27/democratizacion-rendicion-cuentas-gobernanza/)

El país ha logrado dar un salto en materia de combate a la corrupción. Con el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, se ha dejado atrás la idea de una “Comisión anticorrupción” o un “Tribunal de cuentas”, ambos, órganos insuficientes para responder a un fenómeno sistémico y complejo como lo es éste.

Además de lo anterior, el proceso legislativo que dio origen a las Leyes que conformarán el sistema, atendió con inteligencia política la realidad innegable de un país que sigue democratizándose, si entendemos por democratización no sólo el hecho de contar con instituciones electorales sólidas, sino también con la innegable concientización de la sociedad sobre la importancia de su participación en democracia, ostentándose ya no sólo como “dueña original de la soberanía”, sino como un actor fundamental que propone, promueve, presiona, condiciona y controla a sus representantes y funcionarios.

Así en la discusión, análisis e incluso promulgación de las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción se ha podido constatar la importancia y fuerza de una sociedad civil que ha hecho suyo un tema que le toca abanderar sobre cualquier otra instancia política; dado que la rendición de cuentas es, más que un control político entre poderes u órganos del Estado, un ejercicio en que éstos deberán confrontar sus actos, con el ciudadano, ejerciendo éste así, un control directo de lo público, generando opinión y tendencia para lograr consecuencias, éstas sí, a través de las instituciones constitucionales correspondientes.

Como ha escrito Ackerman, se trata de un concepto expansivo de rendición de cuentas, que evidentemente contiene elementos de democracia, en ambos sentidos, como la institución fortalecida, pero también como la causa de esta dinámica de interacción política; a su vez implica un alto nivel de participación ciudadana.

Coincidamos en un punto: las diversas transiciones que inició nuestro país a finales del siglo pasado (política, económica, jurídica, social, demográfica, tecnológica, etc.), han traído como consecuencia la reconfiguración de un México distinto, con mexicanos con orígenes definidos en el pasado, pero con un presente de expectativas más informado (no significa “mejor informado”), mucho más crítico y sobre todo: más exigente; cada vez más social y cada día menos incrustado en el “laberinto de la soledad”, cada vez menos desconfiado y más articulado a su entorno.

No siempre les queda claro esto a nuestros políticos, quiénes apenas alcanzan a percibirlo en distintos momentos de este nuevo rostro del mexicano. La fuerza con la que incursionaron las organizaciones civiles que participaron en la redacción y promoción de la multicitada, iniciativa ciudadana “Ley tres de tres” (Ley General de Responsabilidades Administrativas), sentó a nuestros políticos frente a más de seiscientos treinta mil mexicanos hartos de la corrupción, pero sobre todo, de los mecanismos jurídicos que permiten la impunidad, sin que se divisara la voluntad política suficiente para cambiar de fondo la arquitectura institucional que la permitía.

Ahí ha despertado la posibilidad de una nueva transición: la cívica. La demostración de que el nivel de ciudadanía se está elevando, y con ello, inevitablemente la calidad de nuestra democracia. El elemento que durante la post-alternancia pareció ausente ha reaparecido, sólido, fortalecido, propositivo, dinámico y solidario: el ciudadano.

Durante el proceso de gestación de la transición democrática, fortalecimos a los partidos, como instituciones que permitirían la pluralidad política y con ella, la rendición de cuentas institucional, de manera tradicional. En el proceso, se supuso, la ciudadanía se fortalecería como consecuencia del debate y la confrontación democrática. Los partidos y sus agentes fueron capaces de pervertir esta posible bondad de la competencia electoral, a través del clientelismo.

Sin embargo hubo cotos (principalmente en la clase media), en los que dicha perversión no penetró patológicamente, evidenciándose hoy como la oportunidad para un nuevo proceso de democratización, a partir del concepto más acabado de una democracia liberal con participación social sustantiva: la rendición de cuentas en la lógica de la gobernanza; es decir: no sólo la rendición de cuentas interinstitucional (al interior del Estado y sus órganos), sino una rendición de cuentas democrática, con participación social permanente, como observadora y denunciante de lo incorrecto.

Aquí es donde podemos encontrar un triángulo inédito en nuestra historia: el proceso de democratización, evidenciado a través del ejercicio cívico-político de rendición de cuentas, ambos insertados en la dinámica de la gobernanza, con la participación de elementos no estatales (asociaciones civiles, iniciativa privada, organizaciones sociales, instituciones académicas).


Segunda parte (Publicado por La Jornada Zacatecas, en su versión impresa del día 3 de agosto de 2016 http://ljz.mx/2016/08/03/democratizacion-rendicion-cuentas-gobernanza-2/)

El proceso de democratización en México ha tenido varias etapas: primero fue la liberalización, o apertura, del régimen, lo que devino en nuevos derechos y posibilidades de participación política, expresadas, principalmente, en el ámbito electoral; luego la ampliación de la representatividad plural, junto a un activismo creciente de sectores que habían estado ajenos a los procesos de esta naturaleza, hasta llegar a los gobiernos divididos y las alternancias (locales y nacionales), pasando en todos estos años por lo que Mauricio Merino ha denominado la “Segunda transición”, en la que se ha construido, con una intensa participación ciudadana, un sistema, más o menos “completo, articulado y coherente de rendición de cuentas”.

Como bien lo expresa el autor citado: “luego del exitoso esfuerzo que emprendió en la última década del siglo pasado para construir un nuevo sistema electoral que le permitió transitar de manera pacífica de un régimen de partido prácticamente único a una democracia pluralista, la agenda pública comenzó a enfocarse en la crítica hacia las formas tradicionales de ejercer la autoridad ganada en las urnas.” O sea, en la rendición de cuentas.

Pero habrá que aclarar que este esfuerzo no estuvo, necesariamente en todo momento, impulsado por la clase política, pues una vez que el acceso al poder y la representatividad se pluralizó, también lo hizo la comodidad con la que muchos decidieron ejercer el poder, amparados por la falta de mecanismos para ser llamados a rendir cuentas y a responder de sus actos, decisiones y omisiones.
En esta “segunda transición”, la construcción de una arquitectura institucional que permita a los ciudadanos exigir argumentos, explicaciones y resultados a sus gobiernos, ha sido más bien una tarea emprendida desde la academia y la sociedad civil, a la que los partidos políticos han ido accediendo por la presión que se ha ejercido sobre ellos.

Todo lo anterior se ha logrado gracias a una transición cierta, evidente e innegable, de una sociedad ajena al activismo civil, a una que cada día delibera y actúa más. No es posible decir que no sucedía antes, lo que es importante destacar es el proceso de madurez que han tenido estos esfuerzos, lo que se manifiesta en la articulación de causas y el diseño de estrategias exitosas que permiten a los conglomerados ciudadanos imponer agenda sobre sus representantes.

María Amparo Casar (Los sonidos del silencio. Nexos, 456), lo escribe atinadamente: “Con todas sus insuficiencias la sociedad hoy habla, grita, debate y se manifiesta. Lo hace en las calles, en la prensa, en la radio y la TV, en la redes, en los desplegados, en los libros, en los coloquios, en los reportes de los think tanks y en cuanto foro público se inventa”.

Como resulta evidente la sociedad mexicana ha ido asimilando los cambios políticos y constitucionales a su favor, y sobre todo, como instrumentos de participación que han resultado efectivos, si atendemos a los fenómenos recientes de influencia social sobre las decisiones gubernamentales, logrando incidir en el diseño, implementación e incluso en la evaluación de las políticas públicas, las acciones y determinaciones de los tres poderes tradicionales, así como de los órganos del Estado que han sido creados justamente en razón de lograr una rendición de cuentas horizontal (según la teoría de O’Donnell).

Ya no solo resulta lógico y casi un hecho inherente, que al Poder Ejecutivo se le pida apertura, transparencia y explicaciones sobre sus decisiones, cada día más se impone esta dinámica al Poder Legislativo y al Poder Judicial, y hay que apuntar que a ambos les falta aún mucho por aprender al respecto, pero los avances parecen ciertos.

Pero aún nos falta camino por recorrer. Aún sigue siendo un sector minoritario el que se ha formado, el que es distinto al que, hace más de cuarenta años señaló Arnaldo Córdova (La formación del poder político en México): “… las masas populares no se han reeducado políticamente, no se han modernizado, en ellas sigue dándose el culto más empedernido y más desenfrenado a la autoridad del poder”. Justo es decir que mientras que las desigualdades y principalmente de carencias, convivan con la democracia electoral, no habrá más civismo que el de los que pueden darse el lujo de atender a la política, sin dejar de atender sus necesidades más básicas.

Tercera parte (Publicado en La Jornada Zacatecas, en su versión impresa del día 10 de Agosto de 2016. http://ljz.mx/2016/08/10/democratizacion-rendicion-cuentas-gobernanza-3/)

El argumento de este texto se basa en la articulación de los tres conceptos que le dan título. Supone que una adecuada combinación de los elementos de democratización (especialmente, activismo y concientización ciudadana), rendición de cuentas (haciendo énfasis en el ejercicio de responder por los actos, omisiones y decisiones de toda autoridad) y gobernanza (considerando las ventajas de la participación de los sectores público, privado y social), pueden no sólo llevarnos a nuevas dinámicas institucionales, sino también sociales e incluso, considerando las ventajas de las mismas, a mejores niveles de bienestar general.

No es novedoso decir que la democracia tal y como la imaginamos cuando el país se cimbró rumbo a su consolidación ha resultado decepcionante. Este mismo riesgo corre hoy el término “anticorrupción” y “transparencia”, pues sin su adecuada articulación con otros elementos inherentes a la rendición de cuentas y a los del concepto de democracia sustancial, éstas terminarán siendo quimeras de moda y desilusiones en la historia.

Hay que otorgarle su justa dimensión a cada uno de estos conceptos. En cuanto a la democratización, se puede coincidir plenamente con Octavio Paz (Respuestas a diez preguntas, en El ogro filantrópico): “La democratización, me apresuro a decirlo, no significa la solución automática de los problemas de México pero es la vía, la única vía, para que aparezcan a la superficie esos problemas. Los problemas y, sobre todo, las soluciones, las posibles soluciones. Nuestros problemas son graves. El mayor es la disparidad entre el México desarrollado y el México marginal”.

Lo que sí podíamos esperar de la democratización en México, es lo que poco a poco aparece: pluralidad, politización, debate, de pronto polarización y la exposición de problemas que parecíamos ignorar. El objetivo final es que la democracia nos sirva como método de abatimiento de los tres problemas más graves que México enfrenta: el ya mencionado fenómeno de la desigualdad, cada día más evidenciado e identificado; el de la apropiación plena de una cultura pro derechos humanos, no sólo en las autoridades (quiénes sin duda deberán encabezar esta conciencia), sino también de la sociedad en general; y finalmente, el de la corrupción, que mucho contribuye a complicarnos los otros dos.

Podemos decir que la democratización está vigente y que incluso poco a poco, como todas las conquistas perdurables y los logros sólidos, hemos ido abandonando la clasificación de “democracia delegativa”, utilizada por Guillermo O’Donnell, para identificar aquellas “democracias” en las que el Poder Ejecutivo pareciera entender la delegación del poder que se le hace mediante elección para todo, y paralelamente se niega a la “responsabilidad horizontal”, es decir, a la creación de instituciones y mecanismos que permitan al propio Estado llamar a cuentas a algunos de sus órganos, por otros. Hoy en determinados temas existe esta posibilidad, el más concreto quizá sea el del papel que juega la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sí logramos el éxito del Sistema Nacional Anticorrupción, será éste el conjunto institucional emblemático de dicha lógica.

Ahora bien, estos elementos deben consolidarse en la posibilidad de que la deliberación pública se vuelva una costumbre inevitable de cualquier servidor público (léase en la definición que de éstos hace la Constitución Política, y que abarca a los tres poderes y organismos autónomos), para que se argumente, expliquen y comuniquen con sensibilidad y eficacia cada acción, omisión, decisión o política pública, con el cuestionamiento, retroalimentación y participación del sector social y el privado.

Esta estrategia significará, en su práctica, una oportunidad para el fortalecimiento de la democracia, la recuperación de la confianza y credibilidad de la política, la legitimidad del régimen y el prestigio de la actividad pública.

Por eso, no basta con la democratización, ni la rendición de cuentas o la implementación de la lógica de gobernanza, si no están articuladas y se fortalecen bondadosamente unas con otras.

Éste es un apunte más que busca enfrentar lo que Carlo Galli ha llamado “el malestar de la democracia”, porque, éste solo podrá solucionarse con la participación de todos, pero sobre todo, asumiendo la responsabilidad de todos (comenzando claro por la clase política).

En México, la transformación institucional, social y cultural, puede otorgarnos, irónica pero positivamente, la oportunidad de implementar una solución que nos lleve al uso de estos tres elementos con inteligencia social y política.
Por cierto, no es, volviendo a Paz, “complicando el debate, por la perpetua oscilación entre la gritería y el monólogo”, como nos encaminaremos a ello.

Cuarta parte (Publicado en La Jornada Zacatecas en su versión impresa del día 18 de agosto de 2016 http://ljz.mx/2016/08/18/democratizacion-rendicion-cuentas-gobernanza-cuarta-parte/).

Parece haber un consenso actual en torno a la idea de que, frente a los complejos problemas de nuestras sociedades modernas, el gobierno no es suficiente. No basta su intervención y estrategias, sí son solitarias y no articuladas con otros actores en creciente importancia, como lo son la sociedad civil, preferiblemente la organizada, los grupos empresariales, o sea la iniciativa privada y las organizaciones sociales.

En ello cada día se empatan más, la tarea de gobierno y la tarea democrática. Para que los gobiernos emanados de procesos democráticos, continúen siéndolo luego de ejercer el poder y fortalezcan a este régimen liberal, se requiere la constante participación cívica. Carlos Rodríguez Estacio, en un artículo reciente en el diario español El País, lo explica así: “El régimen democrático no es sólo el más complejo, es también el más arriesgado. No basta con que exista sufragio universal o el entramado jurídico-político característico de la democracia: es necesario que los ciudadanos dispongan de un bagaje exigente y específico”.

Sí aceptamos que la articulación necesaria y cada vez más evidente entre los conceptos de democratización, rendición de cuentas y gobernanza, en el que el primero es elemento base para que la segunda se ejerza a plenitud y cumpla con sus objetivos, al tiempo que la tercera es una dinámica actual, sin la que las otras dos no se entienden completas, ni alcanzan a ser solución, sino acaso y mecanismos inconexos que profundizan la crisis de legitimidad y credibilidad, de los gobiernos democráticos, y con ellos, la democracia misma.

Citando a Luis F. Aguilar (en Gobernanza, el nuevo proceso de gobernar): “Una consecuencia no querida de la democratización ha sido el debilitamiento de la capacidad directiva de los gobiernos democráticos, tal como lo demuestra el descontento respecto del desempeño económico y social de las democracias…”

Esto se explica, no sólo por los resultados, sino también por la ausencia de comunicación efectiva, de la implementación de democracia deliberativa, ambas partes inherentes de un ejercicio completo de rendición de cuentas, que a su vez, contribuya a la formación ciudadana, su interés y participación en el debate de lo público, y culmine en la corresponsabilidad de distintos sectores más allá del gobierno y sus actores institucionales.

Tampoco basta con la especialización de las áreas dentro del gobierno, y la creación de organismos autónomos o análogos. Como lo expone el propio Aguilar: “la presencia de numerosos actores con diferentes ideas, intereses y recursos en las acciones de gobierno no incrementa de suyo la eficacia directiva si no hay coordinación y cooperación y éstas son inestables, parciales y previsibles”.

El enfoque, tiene que ir entonces en otra dirección que no retorne sin fin al propio gobierno y su aparato. Cada vez se requiere más de la capacidad para salir de este círculo e ir en búsqueda de los elementos ausentes. No sólo en la formulación de propuestas, estrategias o políticas públicas, como se ha hecho antes, sino en su propia implementación, evaluación y rediseño.

Dadas las condiciones en nuestro país y su sociedad, no solo la capacidad de los funcionarios públicos es suficiente, se requiere de creatividad y empeño en innovar el proceso mismo de cogobernar, para hacerlo confiable, interesante, transparente y eficaz. La gobernanza solo se logrará con un impulso de quién ostenta el poder para hacer partícipes de la decisión a los que no, con toda transparencia, franqueza y disciplina. Si bien, en la etapa inicial será complejo, los resultados, como en todo proceso de interacción, revelará fortalezas y áreas de oportunidad, información que será de utilidad para un proceso constante de mejora y coparticipación responsable.

Hay que entender que tanto democratización, como rendición de cuentas y gobernanza, forman parte de una lógica común: la participación hace posible la democracia y la transparencia, la rendición de cuentas efectiva y la gobernanza, sí incentivamos a la ciudadanía a ser el eje de todos ellos, el gobierno verá fortalecida su figura, su reputación y confianza, lo que a la larga le permitirá ejercer con altos grados de legitimidad la conducción de la sociedad.

Quinta parte (Publicado en La Jornada Zacatecas, en su versión impresa del día 24 de agosto de 2016- http://ljz.mx/2016/08/24/democratizacion-rendicion-cuentas-gobernanza-5/)

Si bien, durante y luego del proceso de transición a la democracia, se consideró como un efecto positivo de la democratización, la participación ciudadana en los procesos electorales, su interés e involucramiento en la defensa del voto, así como la expresión de sus simpatías o rechazos al momento de ejercer su derecho político al sufragio, hoy esto no es suficiente, y parece ya una participación limitada, con la cual no basta.

Es la intervención permanente de los actores no estatales la que permitirá la diferencia. En este sentido la gobernanza es un concepto oportuno para desarrollar una dinámica que permita mantener al Estado la tarea de gobernar, y a la iniciativa privada y sector social, participar en este proceso sin asumir responsabilidades ni un papel que no le corresponde, y que al contrario, las desvirtuarían.

Un papel que no desvirtuaría el rol que juega la ciudadanía (sea iniciativa privada u organización social), es la de ser el motor y centro del diseño, la implementación, evaluación y rencauzamiento de las políticas públicas. Coincidamos: uno de los principales problemas que encontramos en éstas es su temporalidad ligada a los períodos de los gobiernos que las proponen. No hay pues, políticas públicas de Estado, sino solo políticas públicas de gobierno. Esto se explica porque los actores políticos que encabezan las administraciones se van o juegan papeles de diverso peso político entre uno y otro período de gobierno ¿Qué es lo constante? La sociedad. Los políticos (funcionarios), pueden ser sustituidos de un día a otro, dependiendo de una especie de “fortuna” o “suerte” (para darle términos simples y llanos), pero la sociedad, como ente colectivo permanece. Luego entonces, es ahí el centro que deberían tener nuestras políticas públicas con la finalidad de que no estén limitadas a períodos, sino a resultados.

Cito a Eugenio Lahera Parada, en Introducción a las Políticas Públicas: “En algunos análisis el Estado aparece como el responsable de determinar por sí solo las políticas a seguir y debería ser también su único ejecutor. Para cumplirlas solo podría utilizar los métodos tradicionales ya conocidos en el pasado y la única evaluación posible serían las elecciones. Esta visión es consistente con algunos supuestos sobre el gobierno como entidad con unidad de propósito, con la mayor cantidad de instrumentos posibles, una habilidad perfecta para comprometer acciones y recursos y una clara función-objetivo: la maximización del bien público. Estos supuestos son irreales. (…) las políticas públicas se caracterizan por la diversidad de agentes y recursos que intervienen en su cumplimiento. (…) los medios con los que el sector público cumple sus objetivos, han variado.”

La visión que pone en el centro de las políticas públicas al Estado, a través de cualquiera de sus órganos parece no estar dando los frutos que esperábamos. Por eso, habría que encontrar las fórmulas que nos permitan insertar, con independencia real y autonomía, a la sociedad civil.

Volviendo a Luis F. Aguilar (Gobernanza: el nuevo proceso de Gobernar), “el gobierno es un agente de dirección necesario, pero insuficiente”. Se requiere sí de él, su profesionalización y su organización sistemática, pero los fenómenos y problemáticas sociales hoy, lo han superado con todo y que pueda ser eficiente y eficaz.

No solo eso, el contexto le ha mermado legitimidad y lo ha puesto a prueba en su forma más bondadosa: la del gobierno democrático. Pero con la creatividad y visión necesaria, ésta puede ser más una oportunidad que el anuncio de una desgracia.

Volviendo a Lahera Parada: “La comunidad en la que se encuentra el origen de poder democrático, legítimamente busca ejercerlo también en este terreno; las personas se interesan y participan en la solución de sus inquietudes (…) De ese modo, el gobierno, sin menoscabo de sus funciones de regulación, control y evaluación, puede utilizar mejor la capacidad de gobernar, que es un bien escaso y liberar recursos para concentrarlos en sus tareas principales. La integración de los esfuerzos estatales y privados para servir algún fin público (…) lleva a resultados superiores, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo, ya que permite aumentar la participación y la transparencia”.

Cierro estas reflexiones citando a Aguilar: “(…) la gobernanza es un concepto post gubernamental más que antigubernamental de gobernar y quiere significar un nuevo proceso directivo, en tanto la definición y efectuación de los objetivos sociales es resultado de un nuevo tipo de relación entre gobierno y sociedad, que no es dominado por gobierno y que, por ello, tampoco puede ser en modo de mando y control, dada la independencia política de los actores sociales y su fuerza relativa en virtud de los recursos que poseen y de los que el gobierno carece”.

Ha llegado pues, el momento de replantearnos nuestras metas institucionales y sociales. Ni las posturas anti-gobierno, ni las posturas pro-gobierno, son suficientes. El justo medio está ahí y promete mejores resultados.




sábado, 11 de febrero de 2017

Democracia-Constitucionalismo.

Límites a la tiranía de las mayorías
Por Carlos E. Torres Muñoz



Quizá con el término democracia nos pasó lo que dice Russell, que los hombres que se han acostumbrado a oír una palabra determinada con cierta emoción durante mucho tiempo, propenden a sentir la misma emoción cuando oyen esa misma palabra, aunque su significado haya cambiado. Hay que aceptar que le hemos dado un uso sobreestimado a la colectivización de las decisiones, sin que ello represente necesariamente ventajas a las propias mayorías, menos aún a las minorías que se sujetan a las designaciones de aquellas.
Motiva escribir al respecto por dos asuntos que están íntimamente relacionados ahora con el concepto de democracia adjetiva y sus distintas fórmulas prácticas: el primero, del contexto internacional, es el referéndum cuyo resultado ha dado pie a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocido como Brexit; el segundo, la propuesta hecha por el Presidente de la República sobre la constitucionalización del matrimonio igualitario, que algunos han llegado a proponer, se someta a consideración de la población en general, a través de consulta popular.
Hay un malentendido concepto de democracia que supone que ésta es el sometimiento de toda determinación y decisión al consentimiento u opinión de las mayorías. Esta interpretación es más un peligro para el régimen democrático que una herramienta de consolidación del mismo.
No es necesario abundar en los dos temas en cuanto a sus antecedentes, pero sí en cuanto a los peligros que refleja el absoluto sometimiento a la idea que supone que las mayorías tienen siempre la razón a la hora de tomar decisiones.
En el primer caso se trata de un abuso de la democracia por parte de la praxis política. El resultado ha sido una pésima decisión en casi todos los términos (sino es que en todos).  Lo cual ha significado una innecesaria prueba del abuso que pueden cometer las mayorías sobre las minorías (aunque en el caso particular se trate colectividades cercanas una de la otra en números y bastante bien definidas por cuestiones geográficas, culturales y hasta generacionales).
En el segundo existe una pretensión violatoria de los principios rectores de los derechos humanos, contenidos ya en el artículo primero constitucional en nuestro país, al someter a consideración de una mayoría, derechos inherentes a las personas, por el solo hecho de serlo.
En ambos casos, nos encontramos frente a una consecuencia por no fijarle límites a lo que Alexis de Tocqueville llamó la tiranía de las mayorías.
En su célebre La democracia en América, escribió el liberal francés: “cuando veo conceder el derecho y la facultad de hacerlo todo a un poder, cualquiera, llámese pueblo o rey, democracia o aristocracia, digo: aquí está el germen de la tiranía, y trato de ir a vivir bajo otras leyes”.
Le preocupaba a Tocqueville la concesión absoluta de la razón a cualquier colectividad superior en números. Escribió en la obra citada: “La mayoría tiene pues, en los Estados Unidos, un inmenso poder de hecho y un poder de opinión casi tan grande y, cuando ha decidido sobre una cuestión, no hay por decirlo así, obstáculos que puedan, no diré detener, sino aun retardar su marcha, dejándole tiempo de escuchar las quejas de aquellos que aplasta al pasar. Las consecuencias de este estado de cosas son funestas y peligrosas para el porvenir”.
Analizando la obra mencionada, Norberto Bobbio refirió: “La democracia en sus consecuencias extremas puede terminar por destruir al Estado Liberal”. Éste, el Estado Liberal, antecedente innegable del Estado de bienestar, de la democracia social o de la democracia constitucional.
Lo sucedido en el caso inglés, parece ser una referencia a otro párrafo de La democracia en América: “Hay gente que no ha temido decir que en un pueblo, en los objetos que no interesan sino a él mismo, no podía salirse enteramente de los límites de la justicia  la razón, y que así no se podía tener el temor de dar todo el poder a la mayoría que lo representa”.
La institución que significa la Unión Europea, en términos jurídicos, es un avance rumbo a un derecho supranacional, es decir, sí internacional pero más allá del clásico; que considere al orbe completo como una comunidad con problemas, valga la redundancia, comunes y que en consecuencia reglamente situaciones que, como dijo Ferrajoli, han dejado de ser asuntos clásicos de políticas internas de los Estados y han pasado a ser temas  de política internacional. En este sentido, la Unión Europea, representa (o representaba) un ensayo sensato de lo que este último autor denominó la esfera pública del mundo. ■




Hay un malentendido concepto de democracia, se ha confundido lo adjetivo por lo sustancial. Se parte de la idea que toda democracia implica la posibilidad de colectivizar las decisiones, hasta el punto incluso de volverla inútil por su instrumentación exageradamente popular; es decir: la utopía de la democracia participativa al nivel de volver inexistente la representativa, cuya expresión es quizá el único modelo aplicable a nuestras sociedades modernas, a riesgo de hacer de cada decisión mínima, cotidiana e institucional, un laberinto electoral. No sólo terminaríamos por abusar de la democracia, terminaríamos por volverla indeseable (de por sí ya sufre de una pérdida de prestigio y popularidad).

No se trata de cerrar las puertas a la democracia deliberativa, sino de encontrar dinámicas alternativas a la permanente consulta de todas las decisiones; incluso deberíamos apostar por los nuevos instrumentos que nos otorgan los medios electrónicos para, a través de estrategias como las de gobierno abierto, el uso de las herramientas que hoy nos otorgan los derechos de acceso a la información y el de transparencia, para deliberar oportunamente de las decisiones que se han de tomar en relación a la tarea de gobernar, legislar e incluso judicializar.

En este sentido, es de suma importancia reiterar lo importante que se vuelve hoy que los distintos poderes y órganos del Estado, así como los tres niveles de gobierno,  tengan la capacidad de comunicar, pero también de transparentar sus decisiones, argumentos, así como de defenderse de la crítica, con objetividad institucional y sobre todo, con pleno respeto a la pluralidad política, con un espíritu democrático, que respete a plenitud el derecho a la libertad de expresión de sus gobernados; este reto debe valorar la crítica como parte de la fórmula para lograr mejores resultados, y sobre todo: gobiernos eficaces, democráticos y populares (con la falta que ello hace).

Éste es el antecedente para abordar el tema principal de este texto: la intención infundada y violatoria de los principios de los derechos humanos (por ello, me atrevo a decir que resulta inconstitucional) de llevar a consulta la propuesta de reforma para constitucionalizar el matrimonio igualitario, del Presidente de la República.

Recordemos, en junio de 2011, nuestro sistema jurídico se reformó de manera sustancial e histórica, para albergar en nuestra Carta Magna, los principios de derechos humanos que hicieron de nuestro sistema político pasar de una democracia liberal al paradigma de la Democracia Constitucional (que abarca a aquél y lo supera).

Entre los fundamentos que supone este nuevo modelo, se encuentra la afortunada combinación de dos conceptos teóricos históricos: el de la democracia como sistema político y el de constitución, como centro del orden jurídico. Esto significa una amalgama positiva entre los principios de la democracia, pero también los del constitucionalismo: derechos humanos, así como la legalidad y legitimidad del poder y sus actos.

Siendo así que la democracia también debe responder a varios supuestos, entre los que se encuentra el respeto a las minorías, que por sí solas no podrían ganar una elección en la lógica de la mayoría relativa, y por ello, se verían aplastadas por la tiranía de las mayorías, si no existieran los límites que impone a éstas el constitucionalismo, a través del reconocimiento y protección de los derechos humanos, lo anterior como garantía misma de la democracia; es decir, para que la democracia no termine siendo eso, una tiranía dónde las mayorías aplastan a las minorías, lo deciden todo, sin límite alguno.

En términos de uno de los juristas más prestigiados en estos conceptos, Luigi Ferrajoli, se trata de lo que él llamó la esfera de lo indecidible, un conjunto mínimo de derechos que el Estado reconoce como propios de las personas, y en los que no puede intervenir ni él, ni ningún otro ente, pues le pertenecen a la esfera jurídica personalísima de los individuos.

En este sentido, suponer, proponer que se someta a consulta un derecho inherente a las personas, como lo es el del matrimonio, no solo resultaría en términos jurídicos, inconstitucional, sino plenamente violatorio del régimen político-jurídico que el Estado mexicano ha decidido imponerse a partir de 2011, y en pleno consentimiento a que las mayorías intervengan sobre un ámbito que la lógica nos permite coincidir en que no deberían hacerlo. ■



Las reglas del juego y la esfera de lo indecidible.
Hemos hablado ya sobre la importancia de no confundir la democracia con toda decisión o pretensión de ésta, de parte de las mayorías, por simple superioridad numérica en relación a las minorías, pues esta idea por sí misma es un peligro para el sistema democrático y su permanencia.

Michelangelo Bovero, (en Las reglas del juego democrático y sus biolanciones en el mundo actual) se pregunta “¿Es admisible el suicidio democrático de la democracia?” y más adelante se responde: “Uno de los riesgos más graves a los que hoy se enfrenta la democracia es precisamente el exceso de poder –la omnipotencia- de la mayoría. El exceso consiste precisamente en la violación de los que Bobbio llama ‘límites de aplicación’ de la regla de mayoría…”.

Las reglas del juego de Norberto Bobbio (En su Teoría Política) a que hace referencia Bovero, son las siguientes: “1) Todos los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad, sin distinción de raza, religión, condición económica, sexo, deben gozar de los derechos políticos, es decir, cada uno debe gozar del derecho de expresar su propia opinión de elegir quien la expresará por él; 2) El voto de todos los ciudadanos debe tener un peso igual; 3)Todos aquéllos que gozan de los derechos políticos deben ser libres de poder votar según su propia opinión formada en la manera más libre posible, es decir en una libre competencia entre grupos políticos organizados en competición entre sí; 4) Deben ser libres también en el sentido de que deben estar colocados en condiciones para escoger entre soluciones diversas, esto es, entre partidos que tengan programas diferentes y alternativos; 5) Tanto para las elecciones como para las decisiones colectivas debe valer la regla de la mayoría numérica, en el sentido de que se considere electo el candidato, o se considere válida la decisión, que obtiene el mayor número de votos; y 6) Ninguna decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos de la minoría, particularmente el derecho a convertirse, a su vez, en mayoría en igualdad de condiciones”.

Para el caso de nuestra discusión, es la sexta procedimental, que no se refiere al cómo se toman las decisiones, sino a qué decisiones se toman, es decir, al contenido de éstas últimas. Bovero considera a esta última como la regla una condición de salvaguardia o de supervivencia de la democracia. Hoy esta regla, derivada del desarrollo teórico sobre la misma, no solo se refiere a la democracia electoral, sino a la sustancial: a la que sostiene que para que ésta sea posible se requiere de un conjunto mínimo de derechos humanos garantizados, entre ellos, los sociales, civiles y políticos.

El también jurista italiano (como Bobbio y Bovero), multicitado en nuestros textos, Luigi Ferrajoli, ha también expresado su propia hipótesis referente a los límites que debe tener en el contenido de las decisiones que se tomen, la regla de las mayorías. A esto él le ha llamado la esfera de lo indecidible, que define en los siguientes términos: conjunto de principios que, en democracia, están sustraídos a la voluntad de las mayorías (…) designa no solamente el espacio o el territorio prohibido sino también lo que no puede dejar de ser decidido, o sea lo que debe ser decidido.”.

Sí los políticos de nuestra época pusieran atención a las teorías desarrolladas por estos estudiosos de la democracia moderna y los derechos humanos, seguramente tendríamos aventuras menos lamentables como las de suponer que llevar a consulta popular cualquier derecho humano fortalece a la democracia, cuando en realidad no solo la pone en peligro, la puede convertir, no en un sistema bondadoso, sino en una tiranía de las mayorías. Urge entender los límites  que deben tener  las pretensiones simplistas que, en un ignorante abuso del término, lo están pervirtiendo. ■

@CarlosETorres_


Este artículo fue publicado en tres partes por La Jornada Zacatecas, en su edición  impresa de los días 7, 13 y 20 de julio del 2016.

Gobierno.

Notas sobre el derecho al buen gobierno

Por Carlos E. Torres Muñoz


El derecho al buen gobierno o buena administración es un concepto que tiene años en la discusión del derecho administrativo y constitucional español, y que ha sido insertado, de alguna forma, en el Tratado de Lisboa, aunque su mayor desarrollo, tanto teórico como jurídico se encuentra en la nación peninsular.
En México, si bien la lógica (y quizá la fe) nos permiten suponer que todo mexicano tiene cuando menos el derecho a un buen gobierno, y que éste es un principio que guía (en teoría) las decisiones de la administración pública, su conceptualización no ha llegado a ningún ordenamiento de orden Constitucional a nivel federal, ni local. Aunque ya hay voces que se han pronunciado por su inclusión en la próxima Constitución de la Ciudad de México.
En Zacatecas, se abre hoy una extraordinaria oportunidad para constitucionalizar el concepto, teniendo a su vez la posibilidad de ir más allá, de volverlo práctico y con él englobar términos y dinámicas que hace años se vienen aglutinando a nuestro lenguaje en la agenta pública.
El derecho al buen gobierno tiene una relación inmediata con el término gobernanza, que incluso precedió su integración al Tratado de Lisboa en Europa, a partir del Libro Blanco de la Gobernanza Europea. Entendemos, para el argumento de este texto, el concepto de gobernanza en términos de Aguilar Villanueva: (se usa para) denotar el conjunto de las actividades que se llevan a cabo a fin de dirigir a la sociedad, que implica la acción del gobierno pero no se reduce sólo a ella sino que incluye además la acción de actores  económicos y sociales. Gobernanza es un enfoque/concepto  post-gubernamental de gobernar. El enfoque apunta a la necesidad o conveniencia de un nuevo proceso directivo de la sociedad más que a la reproducción del proceso directivo estructurado por la  acción del gobierno aun si dotado con la totalidad de las capacidades requeridas. Su supuesto básico es la noción de que en  las actuales condiciones sociales el gobierno es un agente de dirección  necesario pero insuficiente, aun si dispusiera de todas las capacidades requeridas y aun si las decisiones y acciones de los gobiernos aprovecharan a cabalidad las muchas capacidades que le han  sido otorgadas. Para que la sociedad tenga dirección – un curso  orientado hacia ciertos objetivos y la capacidad de realizarlos– se  requieren, valoran e integran las capacidades de los actores sociales, particularmente en los asuntos de crecimiento económico  y desarrollo social (Luis F. Aguilar Villanueva: Gobernanza el nuevo proceso de Gobernar).
Es así que en este esquema, traído a una regulación efectiva en la ley, podría dar cabida a las siguientes dinámicas, algunas ya insertadas en nuestra administración pública y otras necesarias de implementar: 1) Transparencia. Instituciones más transparentes (en este caso, la aplicación irrestricta de las leyes en la materia); 2) Gobierno abierto. Dinámica que permite la interacción a partir de información pública y requerimientos de la misma de parte de la ciudadanía (hay un avance, en el artículo 59 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, que debe ser medido y obligatorio, a partir de regulaciones específicas y proactivas); 3) Gobierno corporativo. Que no es sino abrir la toma de decisiones en el gobierno a órganos colegiados, o consejos, en cuyo caso cada Dependencia podría tener un Consejo Consultivo, conformado por expertos, egresados de la academia o sociedad civil, que asesoren y participen en la toma de decisiones correspondientes a su ramo. 4) Participación ciudadana. A través de estos Consejos Consultivos, la propia estrategia de Gobierno Abierto y la promoción de la participación civil en los asuntos públicos, a través de la formación de Asociaciones Civiles con incentivos bondadosos no paternalistas ni clientelares. 5) Profesionalización de la administración pública. Esto a través de programas permanentes en colaboración con Instituciones de Educación Superior (como el CIDE región Centro, con sede en Aguascalientes o la propia UAZ). 6) Evaluación constante de las políticas públicas a través de órganos especializados en ello. La anunciada creación del Consejo Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, que formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción, es un avance, al que se debe poner atención en especial a la hora de la definición de parámetros, índices e indicadores. 7) Rendición de cuentas efectivas. Poner en práctica el concepto accountability, por medio de leyes y reglamentos, que en conjunto con lo anterior, hagan de este proceso de comunicación democrática entre gobernantes y gobernados, una práctica pública impulsada por el propio Estado.
Estas notas, solo pretenden traer al debate local un concepto que, aunque novedoso, ofrece una gama considerable de oportunidades para elevar la calidad de nuestros gobiernos, en general del servicio público, pero sobre todo, y quizá más importante, para fincar las bases para mejorar la calidad de nuestra democracia, a través de los derechos humanos. ■
@CarlosETorres_
*Miembro de Impacto Legislativo.

Transparencia y rendición de cuentas.

Lo inédito y lo perverso

Carlos E. Torres Muñoz



#Ley3de3: El debate no debe parar, muy por el contrario, debe continuar. No agotarse en versiones absolutas, en tonos blancos y negros. Confundirse, dar por derrotas, las victorias por algunas bajas, no es objetivo. No ayuda, y al contrario, podría beneficiar al adversario, contra el buen ánimo de los ganadores.
El tema se mantiene, afortunadamente, en la agenda pública. No hay quién no haya expresado alguna opinión al respecto o planteado una posición. Las leyes que conformarán el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), han tenido un notable avance, casi completo, en el período extraordinario. En el debate se han incrustado novedades, y algunas perversidades, que es importante señalar con precisión, con el mayor nivel de objetividad posible, y también, lo digo con responsabilidad, con un tono positivo, que permita equilibrar la andanada de negativismo y derrotismo que parece abundar en los resultados.
Al debate se han ido dos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas aprobadas, surgida de la iniciativa ciudadana conocida por todos como Ley tres de tres. Estos artículos son el 29 y el inciso b del 32. El primero, me parece menos erróneo que el segundo, que me parece, francamente parte de un juego perverso. Cito a continuación ambos, de manera textual:
Artículo 29: Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.
Artículo 32: Están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración de situación patrimonial y de intereses ante las secretarías u Órganos Internos de Control de conformidad con lo previsto en la presente ley: … b) Cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con Entes públicos de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios”.
En el primer caso, los Legisladores han objetado los derechos humanos inalienables e inherentes a cualquier persona, trátese de quien se trate, cuestión que me parece afortunada y congruente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en una visión garantista, ha instalado en su primer artículo el principio pro-persona, que significa nada menos que en caso de conflictos entre dos derechos (en este caso el del derecho de acceso a la información y el de la vida privada y protección de datos personales), se favorecerá en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. Es importante, jurídicamente hablando, destacar que lo que este principio significa, está identificado con lo que Ferrajoli llamó “la esfera de lo indecidible”, y que es aquella zona de nuestros derechos que no son cedibles a la comunidad, o que no pueden ser decididos por quiénes son ajenos a nosotros, pues nos pertenecen con exclusividad. Este principio, es aplicable, como ya sea dicho, a todas las personas, sin exclusión por ocupación o “prestigio social”, pues en su esencia es justamente lo que promueve, vetar la intervención de una “mayoría”, contra un individuo y su esfera jurídica personal.
Tal argumento jurídico podría haber vuelto inconstitucional el artículo que proponían, al final, los representantes de las organizaciones civiles a quiénes confiamos nuestra firma para representarnos en el Senado, más de 630 mil mexicanos. Sí hay definiciones jurisprudenciales al respecto, contario a lo que se ha dicho. Para tal efecto, recomiendo checar el criterio Derecho a la vida privada. Su contenido general y la importancia de no descontextualizar las referencias a la misma, de la Primera Sala de nuestro Tribunal Constitucional.
Y es justamente esta misma tesis la que vuelve perverso el segundo artículo en el inciso ya mencionado, pues es ¡igualmente aplicable! Cuando los legisladores habían actuado con responsabilidad, quitándole a la SCJN, el costo de amparar a servidores públicos por el contenido propuesto por las OCs, lo hicieron con irresponsabilidad al pasarle la cuenta del artículo 32; ambos hoy en una petición de veto por parte del Presidente de la República, promovida por el IMCO.
Finalmente, hay que insistir: la iniciativa ciudadana #Tresdetres, es inédita y extraordinariamente positiva en sus resultados. Es el inicio de una nueva etapa de democratización en la consolidación de las libertades civiles y en la maduración de nuestra sociedad, de nuestra vida pública y rumbo a un esquema de gobernanza nunca antes vista en nuestro país. Estamos frente a una nueva relación frente a nuestra clase política, la que como nunca, se ha visto obligada a dar argumentos, a debatir y a justificar sus actos. Por el contrario de la mayoría de las voces ahora, no debemos desanimarnos, debemos situarnos y continuar en esta dinámica bondadosa y virtuosa de participación corresponsable y asertiva.
Utilizando los términos de Ricardo Raphael, hay que evitar la vanidad, pues podríamos vernos pronto, más identificados con la clase política, de lo que creemos, y sobre todo, de lo que queremos. ■
*Miembro de Impacto Legislativo.
@CarlosETorres_
Este artículo fue publicado en La Jornada Zacatecas, en su edición del 22 de junio de 2016.

Igualdad-Derechos Humanos.

#LoveIsLove

Por Carlos E. Torres Muñoz

Fecha: 


Con toda solidaridad para con nosotros mismos: la humanidad
Si usted usa la etiqueta (hashtag) #LoveIsLove en Twitter, automáticamente le aparecerá un corazón multicolor, símbolo de la lucha contra la homofobia, y manifestación a favor de la igualdad jurídica y social de la comunidad LGBTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual).
El pasado domingo nos despertamos (otra vez),  con la brutalidad como compañera que se incrustó a nuestra humanidad mientras dormíamos. Un terrorista atentó contra los asistentes a un bar gay en Orlando Florida, matando a cincuenta e hiriendo a un número superior a ése.
Como bien lo manifestó Alejandro Hope (@AHope71), la masacre es un escenario de cuatro dimensiones, pues si bien ISIS se adjudicó el atentado, es también una consecuencia más de la pésima legislación en materia de armas que norma al vecino norte; en tanto las víctimas eran homosexuales y latinos.
El fundamentalismo religioso de ISIS en el mundo ha vuelto a causarnos un sentimiento de repudio, frustración y terror. Lamentablemente la idea discriminatoria no es exclusiva de su organización, y parece tener “camaradas”, que en pleno siglo XXI coinciden con el fondo de tan aberrante manifestación de contra-humanidad.
En México, la jerarquía católica atribuye la derrota del partido en el poder a la iniciativa más trascendente en materia de derechos humanos que se ha hecho en el sexenio: reconocer la igualdad jurídica en materia de derechos civiles sin importar definición sexual, y ha logrado persuadir de ello a los legisladores de este partido de oponerse a ella (¡Cuánta falta hace tomarse en serio lo dicho por Beltrones con tono autocrítico!).
Pero el polo “progresista” del país no está tan lejos de ella en este sentido. López Obrador, principal actor político de esa corriente ideológica en México, ha dicho que ese tema “no es tan importante”. La izquierda no cerró filas en torno a una iniciativa que históricamente le pertenecería defender, el proceso electoral se los impidió. Pero la derecha entendió el mensaje y actuó en consecuencia: en Aguascalientes, con uno de los líderes religiosos más retrógradas del país, el Obispo José María de la Torre, la iglesia católica lo hizo tan bien, que el gobernador electo de esa entidad Martín Orozco, exclamó con cinismo religioso: “fue un regalito del cielo” (refiriéndose a la iniciativa), y atribuyó en parte a ello su triunfo. Debería darle vergüenza que una posición discriminatoria sea una causa de su victoria.
Como también lo dijo Manuel Ramírez (@Gellert_G) “Una persona con un arma acabó con la vida de 50. Una institución sigue ‘envenenando’ a miles de personas más”, citando lo dicho por la Arquidiócesis Primada de México, en su editorial del 24 de abril del presente año, en la que califica como “falsos derechos”, a la igualdad jurídica de dichas personas.
La Iglesia no ha hecho de su principal causa de lucha ninguna de los tres problemas que más nos golpean en México: corrupción, desigualdad y violación a los derechos humanos; no, al contrario ha retornado a su lógica de “cruzada”, contra la tolerancia y la igualdad jurídica. No se ha pronunciado nunca con tal “valentía” (más valentonada diría yo), contra los actos de corrupción, contra la pederastia o la aberrante desigualdad que produce violencia y marginación, no. La Iglesia tiene bien identificada a su enemiga, desde la edad media: la libertad, y los valores que pudieran proceder de ella.
Lo han escrito también Denise Dresser: la Iglesia católica practica la homofobia “light”, y sus posiciones hacen preguntarnos ¿Cuál es la diferencia entre la postura de la Iglesia católica en México sobre los gays y el atacante en Orlando? (@DeniseDresserG); y el Director de este medio: La masacre de Orlando, Florida; demuestra cuán cercanos están la Iglesia católica e ISIS.
El radicalismo conservador siempre se ha expresado contra los derechos humanos, tanto como el totalitarismo, sea cual sea su tendencia ideológica. Es deber de cualquier ciudadano de nuestros tiempos, identificar los problemas del mundo en su contexto y actuar en consecuencia, con tolerancia y respeto, nunca sucumbir a la lógica de los que sin argumentos, recurren a los peores instrumentos: la violencia y la ofensa.
Finalmente, exigir justicia y respeto, así como condenar estos actos y el discurso de odio, no es un tema de una comunidad, el derecho a la vida y la libertad, son derechos universales, que nos deberían caracterizar en el concepto de seres humanos. ■
@CarlosETorres_
Este artículo apareció en La Jornada Zacatecas, en su versión impresa del 15 de junio de 2016.

Política-Local.

Notas del después de una elección.
Por: Carlos Eduardo Torres Muñoz*.

En Zacatecas, como en otras trece entidades del país, la ciudadanía en bloque, nos permitimos ir a las urnas para tomar decisiones que parecen firmes (la mayoría de ellas), y donde la competencia electoral fue el ingrediente más evidente. Es importante que luego del episodio, reflexionemos sobre lo que ha significado el ejercicio democrático (sí, por lo pronto, ésa es la democracia), que acabamos de superar y que sirvan también de base para vislumbrar qué sigue, y hacia dónde dirigirnos.

1.    Úrgenos la dignificación de la vida pública. El proceso electoral no nos nutrió del todo de información valiosa, sino de muchos elementos para la confusión, para el enfrentamiento y la polarización. Permitimos propios y extraños que la dualidad “buenos contra malos”, se instalara en el centro de nuestros debates; faltaron argumentos y sobraron suposiciones. Nos urge retornar por los caminos de las ideas, de la seriedad y del misticismo para la política, legitimar los medios, y no deslegitimar el fin con ellos.

2.    Esta democracia no. La democracia sufre cada vez más adjetivos y subtipos. Los teóricos de ella la tienen tan adornada a esta palabra que ya no sabemos dónde quedó la esencia de la misma. Cualquiera que sea el tipo que hemos vivido el domingo, estoy seguro que ni a los actores políticos, ni a los agentes cívicos, ni a los ciudadanos, nos tiene satisfechos. Reformas que van y vienen sólo nos llevan a intentar distintas dinámicas cada elección, lo que tampoco nos permite culminar con éxito y práctica el llamado período de transición, pues una de las características de la culminación de ésta es culminar con el proceso de debate y elaboración de las reglas, para dejar más o menos claro cómo es que jugaremos ese juego.

3.    Apenas comienza. En la escasa formación cívica que tenemos, acostumbramos a suponer que la mayor obligación y el principal ejercicio de participación en la vida política, son el voto que depositamos el pasado domingo. Esto no solo es falso, nos lleva a toparnos con realidades desagradables cuando regresamos a la urna, por descuido de nuestro papel de ciudadanos permanentes. Más que sujetos pasivos de la democracia en la que solo nos permitimos la elección de quién tomará las decisiones que tendrán que ver con lo público (lo que es de nadie, pero es de todos), nos urge entender que, es el momento de convertirnos en agentes (utilizando el término de Amartya Sen), permanentes: que vigilen, que cuestionen, que exijan, que se involucren, que participen, que se informen, que investiguen, que se corresponsabilicen.

4.    Pluralidad, más allá de los partidos. Zacatecas confirmó lo que el 2015 trajo como novedad a la arena electoral del país, ha dejado de existir el relativo equilibrio entre tres grandes fuerzas políticas, que trajo la post-transición democrática, hoy encontramos más expresiones que las tradicionales y la pluralidad se ha vuelto una constante, incluso al interior de los partidos políticos, y sobrepasándolos no pocas veces.

5.    Gobernabilidad, primer paso. El resultado de la elección refleja que la pluralidad deberá sostener intensos diálogos con el fin de lograr los acuerdos requeridos para que ésta sea característica bondadosa y no obstáculo malintencionado. Las instituciones políticas y las instituciones de gobierno deben partir de la lógica del respeto a sus diferencias, pero con el compromiso de encontrar coincidencias y partir hacia un sano equilibrio democrático que permita fortalecer a nuestra democracia.

6.    Gobernanza, el objetivo. No basta ya el paradigma tradicional que suponía que la gobernabilidad bastaba para hacer de un gobierno eficaz. Hoy cobra cada día más sentido el concepto amplio de la gobernanza, un esquema de participación política-institucional y social-civil que permita el desarrollo conjunto, incluyente y sostenido, a través de la coparticipación del Gobierno, los partidos, y las instituciones que forman al Estado con la sociedad y sus sectores sociales y privados, partiendo de la corresponsabilidad necesaria para lograr los objetivos comunes, en los que la voz de la sociedad civil tenga cada día más peso y más intervención en la toma de las decisiones.

En grandes rasgos, éstas son las notas que hemos podido elaborar a partir del análisis inmediato de los resultados del pasado domingo 5 de junio. Zacatecas requiere ahora de todos, visión y madurez política, civilidad social y sobre todo, compromiso con los retos que habremos de identificar en un diálogo plural, público e incluyente.

@CarlosETorres_

Miembro de Impacto Legislativo.

Publicado en La Jornada Zacatecas.